En el pleno celebrado hoy IZQUIERDA UNIDA se ha posicionado crítica y se han trasladado al pleno las quejas que se derivan de las actas y, en concreto de esta última, que no son fiel reflejo de la realidad manifiesta. Hemos exigido una vez más que se graben los plenos y que se planteen medidas correctoras de las actas al máximo nivel para que estos legados documentales sean fieles a la historia en años venideros.
Por este motivo nos hemos abstenido.
En segundo lugar, relativo a la reducción de las retribuciones de cargos electos, IZQUIERDA UNIDA se ha posicionado EN CONTRA de esta medida. No entendemos que se hagan recortes por imperativo legal en la forma que se han formulado. Comprendemos que, posteriormente a esta adopción de acuerdos, los trabajadores serán los siguientes afectados por esta medida del Gobierno central de Zapatero que es causa y efecto de una mala gestión y una política de recortes no propia de la izquierda.
Los trabajadores políticos no deben verse afectado tampoco por estas medidas. Es cierto que se puede plantear si es justo o no el salario de unos alcaldes o ediles respecto a otros. Pero, en última instancia, los trabajadores y trabajadoras no deben verse afectados por estas medidas de recortes.
Sevilla, 27 jun (EFE).- Un juzgado ha abierto juicio oral contra el alcalde de Puebla del Río (Sevilla), Julio Álvarez (PSOE), por el presunto gasto de 6.107 euros en llamadas privadas y a su novia con el móvil oficial, y ha remitido el caso a la Audiencia provincial para su enjuiciamiento por un jurado popular.
El alcalde y el concejal de Obras y Servicios, Juan Carlos Benítez (PSOE), serán juzgados por un jurado después del verano, acusados de presuntos delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental y tentativa de ocultación de documentos.
En el juicio, la Fiscalía de Sevilla solicitará para el alcalde cuatro años y nueve meses de cárcel, mientras que la acusación particular, que ejerce el abogado Emilio Lechuga en nombre de IU-LV-CA y el Partido Independiente de La Puebla, pedirá un total de seis años y nueve meses.
El auto de apertura de juicio dictado por el juzgado 1 de Coria del Río (Sevilla), al que ha tenido acceso Efe, dice que desde su toma de posesión en julio de 1999, Álvarez disponía de un móvil pagado por las arcas municipales y destinado "exclusivamente al ejercicio de sus funciones públicas".
Sin embargo, el alcalde "lo usaba para sus propios intereses privados, originando cuantiosos gastos" que fueron abonados con fondos públicos, y en concreto entre septiembre de 1999 y febrero de 2001 gastó 6.098 euros en llamadas a una misma destinataria "a la que le unía un vínculo ajeno a la función pública".
Cuando el portavoz de IU-LV-CA solicitó al alcalde copia de sus facturas telefónicas, el concejal Benítez "conociendo los hechos cometidos por el alcalde, a petición de éste y con la finalidad de impedir su descubrimiento" manipuló las facturas mediante un escáner y modificó los teléfonos destinatarios.
Una vez hecha la falsedad, devolvió las facturas manipuladas al archivo municipal para que fueran mostradas al portavoz de la oposición, añade el juez.
Precisa el auto que, una vez denunciados los hechos en el juzgado por la oposición, el alcalde devolvió 6.230 euros mediante ingresos parciales entre octubre y noviembre de 2002.
En sus declaraciones como imputado, Álvarez manifestó que su móvil oficial y particular eran del mismo modelo y que los usó indistintamente, e incluso apuntó que en ocasiones se lo olvidaba en casa y podría haberlo usado cualquier miembro de su familia. EFE
Un juzgado ha abierto juicio oral contra el alcalde de Puebla del Río, el socialista Julio Álvarez, por el presunto gasto de 6.107 euros en llamadas privadas y a su novia con el móvil oficial, y ha remitido el caso a la Audiencia provincial para su enjuiciamiento por un jurado popular. El alcalde y el concejal delegado de Obras y Servicios, Juan Carlos Benítez, también del PSOE, serán juzgados después del verano acusados de presuntos delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental y tentativa de ocultación de documentos. En el juicio, la Fiscalía solicitará para el alcalde cuatro años y nueve meses de cárcel, mientras que la acusación particular, que ejerce Emilio Lechuga en nombre de IU-LV-CA y el Partido Independiente de La Puebla, pedirá un total de seis años y nueve meses.
El auto de apertura de juicio dictado por el juzgado 1 de Coria del Río, informa Efe, dice que desde su toma de posesión en julio de 1999, Álvarez disponía de un móvil pagado por las arcas municipales y destinado «exclusivamente al ejercicio de sus funciones públicas». Sin embargo, el alcalde «lo usaba para sus propios intereses privados, originando cuantiosos gastos» que fueron abonados con fondos públicos, y en concreto entre septiembre de 1999 y febrero de 2001 gastó 6.098 euros en llamadas a una misma destinataria «a la que le unía un vínculo ajeno a la función pública». Cuando el portavoz de IU-LV-CA solicitó al alcalde copia de sus facturas telefónicas, el concejal Benítez «conociendo los hechos cometidos por el alcalde, a petición de éste y con la finalidad de impedir su descubrimiento» manipuló las facturas mediante un escáner y modificó los teléfonos destinatarios. Luego devolvió las facturas manipuladas al archivo municipal para que fueran exhibidas al portavoz de la oposición, añade el juez.
Precisa el auto que, una vez denunciados los hechos en el juzgado por la oposición, el alcalde devolvió 6.230 euros mediante ingresos parciales entre octubre y noviembre de 2002. En sus declaraciones, Álvarez manifestó que su móvil oficial y particular eran del mismo modelo y que los usó indistintamente, e incluso apuntó que en ocasiones se lo olvidaba en casa y podría haberlo usado cualquier miembro de su familia.
El auto de apertura de juicio oral requiere al alcalde para que deposite una fianza de 4.300 euros para asegurar posibles responsabilidades futuras y de 4.900 euros para Benítez. El procesamiento de ambos ediles se ha producido después de un intento fallido del abogado de Benítez de juzgar por separado la presunta malversación de fondos públicos —competencia del jurado— y los demás delitos conexos, pues el juez entendió que fueron cometidos para asegurar la impunidad u ocultación del primero.
Por medio de la presente, estáis invitad@s al Pleno municipal que con carácter extraordinario tendrá lugar el próximo martes día 29 de junio a partir de las 10:00 h.
El orden del día establecido es el que sigue:
1. Aprobación del borrador del acta de la última sesión celebrada.
2. Modificación del régimen retributivo de los cargos electos.
NOTA. Previamente, el mismo día a las 09:30 h., hay establecida una comisión informativa especial de cuentas y permanente de economía y hacienda con el mismo orden del día anteriormente citado.
La vicepresidenta de la Mancomunidad de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos del Guadalquivir, Aurora Banea, ha solicitado al presidente de dicha institución, Julio Álvarez, que a su vez es alcalde de La Puebla del Río, que justifique 3.000 euros que salieron de las arcas en un viaje que finalmente no se realizó. Baena esperaba que en la pasada Junta de Gobierno, celebrada el jueves, se resolviera pero esta cuestión no fue incluida entre los puntos del día.
El supuesto viaje era un desplazamiento a Mallorca en abril de 2008 que supuso la salida de 3.000 euros de las arcas de la Mancomunidad, según pudo ver Baena en la documentación que sí le dejaron ver el mismo jueves. De hecho, este cargo estaba retirado a nombre del propio presidente, que luego justificó esta cifra «con una factura del mismo importe expedida por una agencia de su municipio, presuntamente vinculada a un concejal de su mismo partido. Pero Julio Álvarez comentó que el viaje no se realizó», según apunta Baena, por lo que la vicepresidenta quiere encontrar una explicación a ese gasto. Además, se muestra indignada ante la falta de transparencia, ya que indica que «no es normal que ninguno de los miembros de la Junta de Gobierno, y menos de la Junta General, conozca los gastos de protocolo, viajes, dietas, desplazamientos, etcétera, que se producen en esta entidad». Por ello, Baena pide que cesen los «engaños apelando a la solidaridad y responsabilidad para gestionar una entidad en pro del bien común».
No es la primera vez que se pone en duda la responsabilidad de Julio Álvarez ante el uso de recursos públicos. De hecho, sobre él existe una denuncia por haber gastado más de 6.000 euros de su teléfono corporativo en realizar llamadas y enviar mensajes a su novia entre septiembre de 1999 y febrero de 2001. La denuncia fue interpuesta en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, en mayo de 2008 denunciaron que el caso llevaba seis años y medio parado. Para entonces, Álvarez ya había restituido en las arcas la cantidad que había gastado. En mayo del año pasado, la Fiscalía solicitó una condena de siete años y nueve meses de prisión, imputándolo por delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental. Además, se pide la inhabilitación por 10 años. El juicio definitivo está pendiente de fecha.
La denuncia de la vicepresidenta
Viaje a Mallorca
La vicepresidenta de la Mancomunidad de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos exige al presidente, Julio Álvarez, que justifique el gasto de un viaje que según él mismo, no se hizo
Falta de transparencia
«Ya está bien de engañar, apelando a la solidaridad y responsabilidad para gestionar una entidad en pro del bien común, cuando se utilizan armas políticas para mantener sus intereses»
